SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, asumió la defensa de los comerciantes fronterizos tras la emisión del Decreto 166-26, mediante el cual el Gobierno declaró de alto interés nacional la construcción y operación de una red de puertos secos en la frontera dominico-haitiana, un proyecto que contempla inversión privada y busca modernizar el comercio y reforzar el control aduanero en la zona.
El PLD expresó preocupación ante la implementación de estas iniciativas, al considerar que bajo el argumento de “modernización” se estaría modificando la dinámica económica tradicional de la frontera. El partido sostiene que el comercio dominico-haitiano ha sido construido durante décadas por comerciantes, transportistas y pequeños emprendedores, y no por grandes corporaciones, constituyendo —según afirman— un tejido económico que sostiene a más de 13 mil comerciantes y a más de 100 mil personas en provincias como Jimaní, Elías Piña, Dajabón y Pedernales.
En su planteamiento, el PLD advierte que los requisitos establecidos en el artículo 5 del decreto —que exigen infraestructura logística compleja, alta capacidad operativa y fuertes inversiones— serían difíciles de cumplir para pequeños y medianos comerciantes, lo que podría provocar su exclusión del nuevo modelo y la concentración del comercio en grandes operadores económicos.
Asimismo, el partido señala que el modelo podría generar riesgos como el desplazamiento del comercio tradicional, el aumento de la concentración económica y posibles fallas en los controles que faciliten el contrabando o la entrada irregular de mercancías al mercado dominicano, afectando la producción nacional y las recaudaciones fiscales.
El PLD también plantea interrogantes sobre la articulación entre los nuevos puertos secos y los puestos interagenciales ya existentes en la frontera, advirtiendo la necesidad de evitar duplicidad institucional y garantizar controles efectivos contra la informalidad.
Finalmente, la organización política sostiene que la frontera no debe concebirse solo como un corredor logístico de importación y reexportación, sino como un espacio de desarrollo nacional y producción. En ese sentido, insiste en que cualquier proceso de modernización debe proteger el comercio tradicional, garantizar transparencia en las concesiones, asegurar la participación de actores locales y evitar la concentración económica.